A pesar de que fueron escuchados sus planteamientos en el marco de la nueva política de participación ciudadana, estos no fueron considerados en la decisión final. "Acá nosotros nos sentimos engañados. Aparte que la decisión es ilegal porque faltaban informes técnicos como es el de Sernageomin, y habían cuestiones éticas que no se subsanaron. El gobierno se apuró demasiado", señala unos de los dirigentes sociales impactados por el proyecto.
La planta, que reemplaza otra que fue cerrada en Puerto Montt por contaminación, daría trabajo a unas veinte personas y tendrá una vida útil de 25 años. Se adjunta declaración.
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