Se levantan, con justa razón, múltiples gritos de protesta social frente a una legislación que "concede" derechos sobre el agua, sin "reconocer" ni respetar previamente los derechos existentes en las comunidades que las usan, y sin atender a las prioridades vitales que deberían definir la gestión de los recursos hídricos a lo largo del territorio....
Por Juan Luis Ysern de Arce
Chile asiste hoy a la multiplicación de los conflictos por agua, sea entre comunidades o economías locales y grandes emprendimientos productivos (mineros, hidroeléctricos, de celulosa o salmones, etc.) o entre sectores productivos, tales como agua potable versus electricidad, en la zona de Alto Maipo; turismo versus mega-represas, en Aysén; o minería versus agricultura, principal pero no exclusivamente en el norte del país.
La disponibilidad del agua dulce es dispar en Chile. En el norte, la concentración de la propiedad de este recurso en las empresas mineras y la contaminación del agua con desechos de este sector dañan a comunidades rurales e indígenas entre las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo.
Al centro-sur del país, el conflicto es por el uso intensivo de agua para agricultura industrial y la contaminación de cuencas hídricas en manos empresas forestales, de celulosa y también mineras.
En el sur, agobia la concentración de la propiedad del agua en grandes empresas generadoras de energía.
Así vemos cómo se levantan, con justa razón, múltiples gritos de protesta social frente a una legislación que "concede" derechos sobre el agua, sin "reconocer" ni respetar previamente los derechos existentes en las comunidades que las usan, y sin atender a las prioridades vitales que deberían definir la gestión de los recursos hídricos a lo largo del territorio.
La posesión o el uso de un objeto en forma pacífica por mucho tiempo y, más aún, por tiempo inmemorial, generan derechos que deben ser reconocidos.
No hacerlo y "concederlos" a personas o entidades privadas es un despojo, un robo, que se hace a quienes desde siempre son poseedores pacíficos del derecho. Esto, no por concesión de la ley, sino por derecho inherente a la vida.
El actual régimen privado que impera sobre el agua tiende a la desintegració n de estos imperativos sociales, y por ello ya vemos cómo se multiplican hechos de injusticia, que muchas veces son los que originan violencia, cuando empresas despojan de suministro de agua a las comunidades e incluso compiten entre corporaciones o sectores productivos por este recurso vital.
El Papa Benedicto XVI en su reciente encíclica "Caridad en la verdad" nos dice: "El acaparamiento de los recursos, especialmente del agua, puede provocar graves conflictos entre las poblaciones afectadas. Un acuerdo pacífico sobre el uso de los recursos puede salvaguardar la naturaleza y, al mismo tiempo, el bienestar de las sociedades interesadas. La degradación de la naturaleza está estrechamente unida a la cultura que modela la convivencia humana: cuando se respeta la "ecología humana" en la sociedad, también la ecología ambiental se beneficia. Para salvaguardar la naturaleza no basta intervenir con incentivos o desincentivos económicos, y ni siquiera basta con una instrucción adecuada. Éstos son instrumentos importantes, pero el problema decisivo es la capacidad moral global de la sociedad".
En el contexto de los cambios climáticos que agudizarán la vulnerabilidad de nuestras comunidades hermanas, la Iglesia Católica asume la misión de promover una nueva cultura del agua, para que nuestra sociedad avance hacia un nuevo marco legal, que reconozca el acceso al agua como un derecho humano.
Nuestro primer paso será unir a amplios representantes de la sociedad civil organizada en un seminario internacional sobre el agua (www.derechoalagua. cl), para llevar el mensaje del Papa Benedicto XVI a cada uno de nuestros hermanos./div>
Por Juan Luis Ysern de Arce
Chile asiste hoy a la multiplicación de los conflictos por agua, sea entre comunidades o economías locales y grandes emprendimientos productivos (mineros, hidroeléctricos, de celulosa o salmones, etc.) o entre sectores productivos, tales como agua potable versus electricidad, en la zona de Alto Maipo; turismo versus mega-represas, en Aysén; o minería versus agricultura, principal pero no exclusivamente en el norte del país.
La disponibilidad del agua dulce es dispar en Chile. En el norte, la concentración de la propiedad de este recurso en las empresas mineras y la contaminación del agua con desechos de este sector dañan a comunidades rurales e indígenas entre las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo.
Al centro-sur del país, el conflicto es por el uso intensivo de agua para agricultura industrial y la contaminación de cuencas hídricas en manos empresas forestales, de celulosa y también mineras.
En el sur, agobia la concentración de la propiedad del agua en grandes empresas generadoras de energía.
Así vemos cómo se levantan, con justa razón, múltiples gritos de protesta social frente a una legislación que "concede" derechos sobre el agua, sin "reconocer" ni respetar previamente los derechos existentes en las comunidades que las usan, y sin atender a las prioridades vitales que deberían definir la gestión de los recursos hídricos a lo largo del territorio.
La posesión o el uso de un objeto en forma pacífica por mucho tiempo y, más aún, por tiempo inmemorial, generan derechos que deben ser reconocidos.
No hacerlo y "concederlos" a personas o entidades privadas es un despojo, un robo, que se hace a quienes desde siempre son poseedores pacíficos del derecho. Esto, no por concesión de la ley, sino por derecho inherente a la vida.
El actual régimen privado que impera sobre el agua tiende a la desintegració n de estos imperativos sociales, y por ello ya vemos cómo se multiplican hechos de injusticia, que muchas veces son los que originan violencia, cuando empresas despojan de suministro de agua a las comunidades e incluso compiten entre corporaciones o sectores productivos por este recurso vital.
El Papa Benedicto XVI en su reciente encíclica "Caridad en la verdad" nos dice: "El acaparamiento de los recursos, especialmente del agua, puede provocar graves conflictos entre las poblaciones afectadas. Un acuerdo pacífico sobre el uso de los recursos puede salvaguardar la naturaleza y, al mismo tiempo, el bienestar de las sociedades interesadas. La degradación de la naturaleza está estrechamente unida a la cultura que modela la convivencia humana: cuando se respeta la "ecología humana" en la sociedad, también la ecología ambiental se beneficia. Para salvaguardar la naturaleza no basta intervenir con incentivos o desincentivos económicos, y ni siquiera basta con una instrucción adecuada. Éstos son instrumentos importantes, pero el problema decisivo es la capacidad moral global de la sociedad".
En el contexto de los cambios climáticos que agudizarán la vulnerabilidad de nuestras comunidades hermanas, la Iglesia Católica asume la misión de promover una nueva cultura del agua, para que nuestra sociedad avance hacia un nuevo marco legal, que reconozca el acceso al agua como un derecho humano.
Nuestro primer paso será unir a amplios representantes de la sociedad civil organizada en un seminario internacional sobre el agua (www.derechoalagua. cl), para llevar el mensaje del Papa Benedicto XVI a cada uno de nuestros hermanos./div>
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