Con consternación hemos visto en los primeros meses del este año 2010, las situaciones de persecución política de las que han sido víctimas dos comunicadores integrantes de las redes mapuche de comunicación en Chile. Se trata del caso del peñi, hermano mapuche, Richard Curinao y del peñi Pascual Pichún...
Fuente: Red de Medios de los Pueblos
Carta de apoyo de la Red de Medios de los Pueblos a Comunicadores Mapuche víctimas de detención y persecución política por parte del Estado de Chile
De nuestra consideración:
Con consternación hemos visto en los primeros meses del este año 2010, las situaciones de persecución política de las que han sido víctimas dos comunicadores integrantes de las redes mapuche de comunicación en Chile. Se trata del caso del peñi, hermano mapuche, Richard Curinao y del peñi Pascual Pichún.
Richard Curinao el pasado 10 de febrero fue detenido por agentes policiales y requisados el disco duro del computador de su lugar de trabajo. Luego, fue trasladado por la fuerza a su domicilio y requisado también el disco duro de su computadora particular y diversos otros accesorios empleados en las funciones propias de su labor como comunicador.
Por su parte, el comunicador mapuche Pascual Pichún es considerado un preso político, dada la persecución judicial a su familia en el marco de la criminalización que se ha hecho de las legítimas demandas del Pueblo Mapuche. El joven, hijo del Lonko Pascual Pichún de Temulemu (Traiguén), fue detenido el día pasado 26 de febrero en Temuco, tras estar refugiado en Argentina durante los últimos cinco años, luego de ser acusado y condenado por los tribunales chilenos a pesar de no existir pruebas concretas en su contra.
A lo anterior, se suman casos reiterados de periodistas y comunicadores chilenos y extranjeros que, por hacer registro de la situación actual del pueblo mapuche o que siendo solidarios con la causa mapuche, han sido sujeto de expulsión del país, de detenciones y/o de hostigamiento. Siendo emblemáticos los casos, recientes, del escritor vasco Asel Luzarraga y de la documentalista Elena Varela, cuyo juicio se inicia el próximo 12 de abril a casi dos años de su detención.
Estos casos constituyen hechos graves y una violación a la libertad de expresión, siendo a su vez, un grave atentado al Derechos a la Comunicación e información del Pueblo Mapuche. Repudiamos, por tanto, el actuar de los organismos policiales y de los tribunales chilenos que, a través de estas acciones, incurren en situaciones efectivas de persecución política de comunicadores indígenas y no indígenas, y manifestamos, a la vez por medio de esta carta, nuestra solidaridad y compromiso con quienes han sido vulnerados en sus derechos.
Cabe señalar, finalmente, que durante el pasado Examen Periódico Universal rendido por el Estado chileno ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se le formularon al gobierno más de 70 recomendaciones que, en importante número, tenían que ver con la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en general y del pueblo mapuche en particular. Chile rechazó dos, y mantuvo reserva sobre otras cuatro. Entre ellas, la que le pedía investigar los casos de deportación y detención de periodistas y cineastas que trabajan con la realidad del pueblo mapuche. En su informe final, el Consejo señaló que el Estado no había sido claro en este punto. Es decir, si lo aceptó.
Por el Derecho la Libertad de Expresión y a la democracia en las comunicaciones de Chile y Latinoamérica.
Red de Medios de los Pueblos
“Comunicación del tercer sector para romper el cerco informativo”
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Fuente: Red de Medios de los Pueblos
Carta de apoyo de la Red de Medios de los Pueblos a Comunicadores Mapuche víctimas de detención y persecución política por parte del Estado de Chile
De nuestra consideración:
Con consternación hemos visto en los primeros meses del este año 2010, las situaciones de persecución política de las que han sido víctimas dos comunicadores integrantes de las redes mapuche de comunicación en Chile. Se trata del caso del peñi, hermano mapuche, Richard Curinao y del peñi Pascual Pichún.
Richard Curinao el pasado 10 de febrero fue detenido por agentes policiales y requisados el disco duro del computador de su lugar de trabajo. Luego, fue trasladado por la fuerza a su domicilio y requisado también el disco duro de su computadora particular y diversos otros accesorios empleados en las funciones propias de su labor como comunicador.
Por su parte, el comunicador mapuche Pascual Pichún es considerado un preso político, dada la persecución judicial a su familia en el marco de la criminalización que se ha hecho de las legítimas demandas del Pueblo Mapuche. El joven, hijo del Lonko Pascual Pichún de Temulemu (Traiguén), fue detenido el día pasado 26 de febrero en Temuco, tras estar refugiado en Argentina durante los últimos cinco años, luego de ser acusado y condenado por los tribunales chilenos a pesar de no existir pruebas concretas en su contra.
A lo anterior, se suman casos reiterados de periodistas y comunicadores chilenos y extranjeros que, por hacer registro de la situación actual del pueblo mapuche o que siendo solidarios con la causa mapuche, han sido sujeto de expulsión del país, de detenciones y/o de hostigamiento. Siendo emblemáticos los casos, recientes, del escritor vasco Asel Luzarraga y de la documentalista Elena Varela, cuyo juicio se inicia el próximo 12 de abril a casi dos años de su detención.
Estos casos constituyen hechos graves y una violación a la libertad de expresión, siendo a su vez, un grave atentado al Derechos a la Comunicación e información del Pueblo Mapuche. Repudiamos, por tanto, el actuar de los organismos policiales y de los tribunales chilenos que, a través de estas acciones, incurren en situaciones efectivas de persecución política de comunicadores indígenas y no indígenas, y manifestamos, a la vez por medio de esta carta, nuestra solidaridad y compromiso con quienes han sido vulnerados en sus derechos.
Cabe señalar, finalmente, que durante el pasado Examen Periódico Universal rendido por el Estado chileno ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se le formularon al gobierno más de 70 recomendaciones que, en importante número, tenían que ver con la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en general y del pueblo mapuche en particular. Chile rechazó dos, y mantuvo reserva sobre otras cuatro. Entre ellas, la que le pedía investigar los casos de deportación y detención de periodistas y cineastas que trabajan con la realidad del pueblo mapuche. En su informe final, el Consejo señaló que el Estado no había sido claro en este punto. Es decir, si lo aceptó.
Por el Derecho la Libertad de Expresión y a la democracia en las comunicaciones de Chile y Latinoamérica.
Red de Medios de los Pueblos
“Comunicación del tercer sector para romper el cerco informativo”
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