TRABAJADORES DE DUAO CRITICAN A SUS “COLEGAS” DE LICANTÉN POR NEGOCIAR UN SUELDO CON LA FIRMA
Pescadores se querellan contra Celco
En la caleta Duao prefirieron la vía legal. Dicen que recibir una indemnización por los daños provocados por la Planta Licancel sin constatar sus reales dimensiones es un error.
La caleta Duao es la segunda en importancia en el país en pesca artesanal. “Ahora está parada y no podemos trabajar”, se queja Luis Correa, presidente del sindicato Mar Brava, que cuenta con medio centenar de socios. No reciben ingresos desde hace casi un mes por la prohibición de las autoridades sanitarias de comercializar los productos de la zona. Esta situación los tiene complicados...
A diferencia de sus “colegas” de Licantén, no quieren negociar con Celco. La razón es simple: exigen saber con claridad cuál es el daño y cuánto durará antes de recibir cualquier compensación. Por eso, ayer se juntaron en las afueras de la Planta Licancel para realizar una manifestación pacífica y pasadas las 13 horas, caminaron rumbo al Juzgado de Licantén para presentar una querella criminal por contaminación, de acuerdo al artículo 291 del Código Penal. “El delito consiste en propagar indebidamente organismos de sustancias contaminantes que pongan en peligro la fauna y el abastecimiento de la población”, explica Cristián Tapia, abogado de los pescadores.
“Una mínima seriedad en un caso de esta envergadura requiere conocer precisamente cómo sucedieron los hechos y una adecuada dimensión del daño”, agrega Tapia. “Queremos que la empresa sea sancionada por la contaminación y que asuma en su totalidad el daño causado a los pescadores artesanales de la costa”.
Los pescadores no quieren reducir el tema a una compensación económica, pues el daño al ecosistema marino de la Séptima Región puede ser un dolor de cabeza que dure mucho tiempo. “Sólo el perjuicio al ecosistema se puede avaluar en más de tres mil millones de pesos”, apunta Tapia.
En la otra vereda, José Rivera, presidente del sindicato de pescadores de Licantén -que negoció con Celco seis millones de pesos por 15 meses- comenta que la vía legal no era aconsejable. “Como está la situación, los pescadores necesitan plata hoy día y con un juicio van a conseguir plata en dos años con suerte”, dice Rivera, quien agrega que aún no negocian por pérdida de cultivos y área de manejo en la zona. “Indemnizar a los pescadores no soluciona el problema”, insiste el abogado Tapia. “Lo que se necesita es que la planta asegure que nunca más va a ocurrir una contaminación de esta naturaleza”.
En la caleta Duao prefirieron la vía legal. Dicen que recibir una indemnización por los daños provocados por la Planta Licancel sin constatar sus reales dimensiones es un error.
La caleta Duao es la segunda en importancia en el país en pesca artesanal. “Ahora está parada y no podemos trabajar”, se queja Luis Correa, presidente del sindicato Mar Brava, que cuenta con medio centenar de socios. No reciben ingresos desde hace casi un mes por la prohibición de las autoridades sanitarias de comercializar los productos de la zona. Esta situación los tiene complicados...
A diferencia de sus “colegas” de Licantén, no quieren negociar con Celco. La razón es simple: exigen saber con claridad cuál es el daño y cuánto durará antes de recibir cualquier compensación. Por eso, ayer se juntaron en las afueras de la Planta Licancel para realizar una manifestación pacífica y pasadas las 13 horas, caminaron rumbo al Juzgado de Licantén para presentar una querella criminal por contaminación, de acuerdo al artículo 291 del Código Penal. “El delito consiste en propagar indebidamente organismos de sustancias contaminantes que pongan en peligro la fauna y el abastecimiento de la población”, explica Cristián Tapia, abogado de los pescadores.
“Una mínima seriedad en un caso de esta envergadura requiere conocer precisamente cómo sucedieron los hechos y una adecuada dimensión del daño”, agrega Tapia. “Queremos que la empresa sea sancionada por la contaminación y que asuma en su totalidad el daño causado a los pescadores artesanales de la costa”.
Los pescadores no quieren reducir el tema a una compensación económica, pues el daño al ecosistema marino de la Séptima Región puede ser un dolor de cabeza que dure mucho tiempo. “Sólo el perjuicio al ecosistema se puede avaluar en más de tres mil millones de pesos”, apunta Tapia.
En la otra vereda, José Rivera, presidente del sindicato de pescadores de Licantén -que negoció con Celco seis millones de pesos por 15 meses- comenta que la vía legal no era aconsejable. “Como está la situación, los pescadores necesitan plata hoy día y con un juicio van a conseguir plata en dos años con suerte”, dice Rivera, quien agrega que aún no negocian por pérdida de cultivos y área de manejo en la zona. “Indemnizar a los pescadores no soluciona el problema”, insiste el abogado Tapia. “Lo que se necesita es que la planta asegure que nunca más va a ocurrir una contaminación de esta naturaleza”.
Por José Miguel Jaque
La Nación
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