Desde hoy existe un único responsable político en el ámbito medioambiental, con competencias específicas; un poderoso órgano fiscalizador; un exigente sistema de rendición de cuentas, y una mayor participación ciudadana. Nuestro país ya sabe hacia dónde se encamina. Por lo mismo, necesitamos que 2010 sea el año de la implementación y que los esfuerzos se concentren en realizar todas las acciones destinadas a implementar esta reforma. Requerimos que se apruebe prontamente el Tribunal Ambiental...
Más que un eslogan, el título de esta columna encarna fielmente lo que aporta al país la nueva institucionalidad ambiental recientemente aprobada. Tenemos una ley que dota de mayor jerarquía política e institucional a los temas ambientales y la ciudadanía cuenta con más instrumentos para ejercer ampliamente sus derechos ambientales.
En el Chile del Bicentenario, la promesa de un desarrollo sustentable no es vacía. Se han creado los organismos especializados para enfrentar las tareas medioambientales, como el ministerio, la superintendencia y el Servicio de Evaluación Ambiental.
Hoy se promulga la ley que crea el nuevo ministerio, que cuenta con las competencias para enfrentar los temas de futuro que ya son parte de la discusión mundial y que afectan nuestra economía, como el cambio climático, los impuestos verdes, la huella ecológica, los servicios ambientales que prestan los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y las restricciones al comercio que imponen estos tópicos.
La Superintendencia del Medio Ambiente implica un salto cualitativo en términos de fiscalización. Vigilará de manera autónoma y exclusiva el cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental. Será el lugar al que se podrá acudir para instaurar las denuncias y que tendrá el deber de mantener informado al denunciante del curso y resultado del procedimiento. Además, se incrementarán significativamente las multas a quienes incumplan las normas. Se cobrarán hasta $ 4 mil millones de acuerdo a la gravedad de los hechos, mientras que hoy la multa más alta en materia ambiental alcanza $ 1,5 millón.
Para completar esta sólida tríada, se constituye el Servicio de Evaluación Ambiental, como organismo especializado, que tecnifica las decisiones y disminuye el grado de discrecionalidad.
El corazón de la misión de esta nueva institucionalidad es conservar y proteger el medioambiente para lograr el contrapeso adecuado al fomento productivo que impulsan otros sectores y alcanzar así el justo equilibrio que requiere el desarrollo sustentable del país.
A su vez, la nueva institucionalidad establece el derecho de los ciudadanos a conocer la información ambiental, a formular observaciones y a recibir respuestas fundadas de la autoridad. Con la nueva ley el ciudadano adquiere un protagonismo fiscalizador, puede denunciar y participar activamente en el procedimiento que se emprenda para aplicar una sanción.
Con la nueva ley, un ciudadano de Punta Arenas puede participar en la evaluación ambiental de un proyecto en otro lugar del país que afecte un humedal, un glaciar, un géiser, un parque nacional o cualquier otro bien ambiental.
Chile puede asegurar hoy un crecimiento más verde. Existe un único responsable político en el ámbito medioambiental, con competencias específicas, con reglas del juego claras, con nuevos instrumentos de gestión; un único y poderoso órgano fiscalizador; un exigente sistema de rendición de cuentas, y mayor participación ciudadana.
Nuestro país ya sabe hacia dónde se encamina. Por lo mismo, necesitamos que 2010 sea el año de la implementación y que los esfuerzos se concentren en realizar todas las acciones destinadas a implementar esta reforma. Requerimos que se apruebe prontamente el Tribunal Ambiental. Asimismo, que quien lleve a cabo esta tarea dicte los reglamentos necesarios, envíe el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas e imponga desde el primer momento la visión global que amerita el desarrollo sustentable.
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