El acuerdo fue suscrito por el werken de las comunidades de Coñaripe y miembro de la Mesa Pellaifa Newen, Pedro Antimilla, y el vicepresidente ejecutivo para Latinoamérica de la empresa, Nils Huesby, en el marco de una visita a Oslo, Noruega, para participar Seminario y lanzamiento del Informe: "¿Los Nuevos Conquistadores? SN Power: hidroeléctricas en territorio Mapuche" elaborado por Miguel Utreras Imilmaqui.
Paulina Acevedo, Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas...
El pasado 11 de diciembre se realizó en la ciudad de Oslo, Noruega, el Seminario y lanzamiento del Informe: "¿Los Nuevos Conquistadores? SN Power: hidroeléctricas en territorio Mapuche", al cual asistió el werken de las comunidades mapuche de Coñaripe y miembro de la Mesa Pellaifa Newen, Pedro Antimilla, y la antropóloga del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, Silvia Schönenberger.
La organización responsable de la iniciativa fue FIVAS, abocada al monitoreo y estudio internacional sobre la acción de las empresas Noruegas en el sector de aguas, y durante su desarrollo se dieron a conocer y discutieron los aspectos fundamentales del conflicto que se ha generado a partir de la proyección de centrales hidroeléctricas en Liquiñe, Coñaripe y Maihue por parte de SN Power, además de conocerse la visión y posición de las distintas partes involucradas: las comunidades mapuche afectadas, la empresa y el estado noruego.
Durante el encuentro la antropóloga del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas dio a conocer la problemática del Pueblo Mapuche, su situación en relación a la legislación chilena y a los estándares internacionales, mientras que Miguel Utreras Imilmaqui tuvo a su cargo la presentación del Informe de FIVAS, sus conclusiones y recomendaciones dirigidas al estado chileno, el estado noruego y a la empresa noruega SN Power.
En el marco de este encuentro, se realizaron entrevistas para medios de comunicación y sostuvieron importantes reuniones con organizaciones no gubernamentales preocupadas por los acontecimientos que se registran en el sur de Chile, además de representantes del Parlamento Same y del Ministerio de Cooperación y Medio Ambiente.
Otra trascendental reunión, donde se alcanzó este histórico acuerdo, fue la sostenida con el vicepresidente ejecutivo para Latinoamérica de la empresa, Nils Huesby. Donde se firmo un compromiso para que las obras fueran detenidas, hasta que los principales directivos de la empresa se reúnan con las comunidades afectadas en sus territorios, como era su exigencia, lo que debiera producirse en enero de 2008.
Para conocer más sobre los alcances de este viaje, conversamos con la antropóloga del Observatorio, Silvia Schönenberger.
¿Este parece ser un caso especial, por los logros alcanzados recientemente en Oslo y porque la movilización y el estricto rechazo de las comunidades a estos proyectos ha logrado detener el inicio de las obras en sus territorios?
En efecto en este caso la empresa aún no ha comenzado a realizar sus obras, ni tampoco han podido hacer los estudios de impacto ambiental y social requeridos, porque las comunidades afectadas no se lo han permitido mediante la movilización y denuncia de las prácticas de la empresa en sus territorios. Estas están todavía en una etapa inicial, lo que lo hace un caso espacial en Chile.
Las comunidades no confían en el SEIA y la CONAMA, ya que históricamente la evaluación de los estudios de impacto ambiental y social presentados por empresas han pesado más que la opinión de la comunidad local afectada. En Chile, los intereses económicos prevalecen sobre los derechos humanos y los derechos de los Pueblos Indígenas. Con estos precedentes, las comunidades decidieron impedir que la empresa efectúe los estudios, y buscaron alianzas estratégicas para impedir que se hagan centrales hidroeléctricas en contra de su voluntad. Entre otras cosas, buscando apoyo en Noruega, ya que es ahí donde se toman las decisiones en este caso.
¿Cuál es el reconocimiento que de estos derechos se hacen en Noruega, puesto que es allí donde se toman las decisiones frente a este caso?
Desde el punto de vista de los derechos de los pueblos indígenas internacionalmente reconocidos, el actuar de la empresa noruega SN Power en Chile no cumple con los estándares vigentes en su propio país. Noruega también cuenta con un pueblo indígena en su territorio, los Sami, al cual le ha reconocido una serie de derechos colectivos, cumpliendo así con altos estándares de derechos de los Pueblos Indígenas. Noruega fue el primer país en firmar el Convenio 169 de la OIT en 1990, y votó a favor de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas el 13 de septiembre del 2007.
Por eso entre las comunidades mapuche afectadas por SN Power existe un fuerte cuestionamiento a la existencia de un doble estándar por parte del estado noruego, cuando se trata de proyectos de inversión que se realizan en el exterior. Ya que en Noruega las empresas actúan dentro de un marco respetando y promoviendo a su pueblo indígena, mientras que en el extranjero bajan su estándar al nivel de exigencias del estado en cuestión. Un país que valora los acuerdos internacionales tiene el deber moral de promover el respeto a los derechos de los pueblos indígenas en los países donde invierte.
P odemos firmar que están siendo vulnerados los derechos colectivos del pueblo mapuche, eso es, el derecho a la libre determinación, el derecho a definir su propio desarrollo, el derecho sobre el territorio, entendido como totalidad del habitat, a las tierras ancestrales, entre otros.
¿Cuáles son los principales derechos internacionalmente reconocidos a los Pueblos Indígenas que se ven afectados en este caso?
El problema de fondo en este caso concierne a los derechos de agua. El hecho de que la empresa haya comprado derechos de agua, en principio acto absolutamente legal en Chile, ante los ojos de las comunidades afectadas, es una clara vulneración a sus derechos ancestrales sobre sus recursos naturales. Derechos que, debemos destacar, son reconocidos en los estándares internacionales garantizados a los pueblos indígenas. Sin embargo en Chile, con la legislación y el Código de Aguas vigentes, herencia de la dictadura, y al no haber sido ratificado aún el Convenio 169, estos derechos ancestrales no se encuentran debidamente garantizados. Esta que es una falencia de la legislación chilena, no debiera ser utilizada por las empresas transnacionales para incumplir con exigencias y estándares internacionalmente establecidos. Más aún si la empresa voluntariamente ha suscrito el Pacto Global, que establece que los derechos humanos internacionalmente reconocidas deben ser respetados, y por tanto no deben ser cómplices de vulneraciones a estos derechos.
Las comunidades exigen la devolución de estos derechos de agua, ya que si SN Power en definitiva abandona el territorio, los derechos de agua volverían al mercado, y lo más probable es que lleguen a manos de otra empresa hidroeléctrica, lo que agravaría aún más la situación para la comunidad local. La devolución de los derechos de agua a las comunidades ancestrales es lo que corresponde y significaría un precedente en el sur de Chile.
Otro derecho principal vulnerado en este caso es el del "consentimiento libre, previo e informado" de las comunidades afectadas, el que debe ser resguardado antes de aprobar cualquier proyecto en territorio indígena, como lo establece la Declaración Universal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Por su parte, la Comisión Mundial de Represas establece en sus directrices que las comunidades indígenas afectadas deben dar su consentimiento y que se tiene que demostrar una "aceptación pública" de los proyectos para que éstos sean viables. Es decir, la opinión de la comunidad debe ser considerada, cosa que en el marco legal chileno tampoco respeta. Incluso en este caso concreto, SN Power se comprometió a hacer una consulta adecuada para establecer si su proyecto se realiza o no en dichos territorios.
¿Cómo evalúan la visita de representantes de las comunidades afectadas y cuáles fueron los principales logros alcanzados?
El principal logro de la visita a Noruega fue sin duda la conversación con SN Power y el acuerdo suscrito por el vicepresidente ejecutivo para Latinoamérica de la empresa, Nils Huesby, con los representantes de las comunidades afectadas. El simple hecho de que un ejecutivo empresarial se siente en una mesa redonda y escuche con preocupación lo que un dirigente de la comunidad afectada tenga que decirle, y que reconozca los errores cometidos por la empresa y su personal, es un acto simbólico muy importante. Más aun, cuando el ejecutivo firma un acuerdo donde establece que responderán a las exigencias de las comunidades y paraliza toda actividad en terreno, aceptando las condiciones de las comunidades para que se realice una reunión en su territorio con las principales autoridades de la empresa y todo su personal, a la manera tradicional mapuche, es un hecho histórico. Es como revertir los papeles: las comunidades ponen las condiciones y la empresa que quiere invertir en su territorio tiene que escucharlas.
Otro logro muy importante es que tanto SN Power, a través de Nils Huesby, como Norfund, a través de los tres representantes con quienes nos reunimos en sus oficinas en Oslo, aseguraran que no iban a realizar las obras si esto va en contra de la voluntad de las comunidades locales. Reiteraron que van a utilizar la razón, no la fuerza, y que en un máximo dos años se va a tomar una decisión definitiva. En este sentido, esta declaración es también un avance, ya que hasta este momento nunca nadie respondió de forma clara a la pregunta sobre ¿qué pasaría si las comunidades se oponen a la instalación de las centrales? Aunque no signifique ninguna garantía, igual es una señal clara de que la empresa no puede actuar como quiera, al ser una empresa con dueños estatales y con una sociedad civil noruega muy sensible a las vulneraciones de derechos humanos e indígenas, y que ejerce presión en esos casos.
Informaciones vinculadas:
www.observatorio.cl
Paulina Acevedo, Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas...
El pasado 11 de diciembre se realizó en la ciudad de Oslo, Noruega, el Seminario y lanzamiento del Informe: "¿Los Nuevos Conquistadores? SN Power: hidroeléctricas en territorio Mapuche", al cual asistió el werken de las comunidades mapuche de Coñaripe y miembro de la Mesa Pellaifa Newen, Pedro Antimilla, y la antropóloga del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, Silvia Schönenberger.
La organización responsable de la iniciativa fue FIVAS, abocada al monitoreo y estudio internacional sobre la acción de las empresas Noruegas en el sector de aguas, y durante su desarrollo se dieron a conocer y discutieron los aspectos fundamentales del conflicto que se ha generado a partir de la proyección de centrales hidroeléctricas en Liquiñe, Coñaripe y Maihue por parte de SN Power, además de conocerse la visión y posición de las distintas partes involucradas: las comunidades mapuche afectadas, la empresa y el estado noruego.
Durante el encuentro la antropóloga del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas dio a conocer la problemática del Pueblo Mapuche, su situación en relación a la legislación chilena y a los estándares internacionales, mientras que Miguel Utreras Imilmaqui tuvo a su cargo la presentación del Informe de FIVAS, sus conclusiones y recomendaciones dirigidas al estado chileno, el estado noruego y a la empresa noruega SN Power.
En el marco de este encuentro, se realizaron entrevistas para medios de comunicación y sostuvieron importantes reuniones con organizaciones no gubernamentales preocupadas por los acontecimientos que se registran en el sur de Chile, además de representantes del Parlamento Same y del Ministerio de Cooperación y Medio Ambiente.
Otra trascendental reunión, donde se alcanzó este histórico acuerdo, fue la sostenida con el vicepresidente ejecutivo para Latinoamérica de la empresa, Nils Huesby. Donde se firmo un compromiso para que las obras fueran detenidas, hasta que los principales directivos de la empresa se reúnan con las comunidades afectadas en sus territorios, como era su exigencia, lo que debiera producirse en enero de 2008.
Para conocer más sobre los alcances de este viaje, conversamos con la antropóloga del Observatorio, Silvia Schönenberger.
¿Este parece ser un caso especial, por los logros alcanzados recientemente en Oslo y porque la movilización y el estricto rechazo de las comunidades a estos proyectos ha logrado detener el inicio de las obras en sus territorios?
En efecto en este caso la empresa aún no ha comenzado a realizar sus obras, ni tampoco han podido hacer los estudios de impacto ambiental y social requeridos, porque las comunidades afectadas no se lo han permitido mediante la movilización y denuncia de las prácticas de la empresa en sus territorios. Estas están todavía en una etapa inicial, lo que lo hace un caso espacial en Chile.
Las comunidades no confían en el SEIA y la CONAMA, ya que históricamente la evaluación de los estudios de impacto ambiental y social presentados por empresas han pesado más que la opinión de la comunidad local afectada. En Chile, los intereses económicos prevalecen sobre los derechos humanos y los derechos de los Pueblos Indígenas. Con estos precedentes, las comunidades decidieron impedir que la empresa efectúe los estudios, y buscaron alianzas estratégicas para impedir que se hagan centrales hidroeléctricas en contra de su voluntad. Entre otras cosas, buscando apoyo en Noruega, ya que es ahí donde se toman las decisiones en este caso.
¿Cuál es el reconocimiento que de estos derechos se hacen en Noruega, puesto que es allí donde se toman las decisiones frente a este caso?
Desde el punto de vista de los derechos de los pueblos indígenas internacionalmente reconocidos, el actuar de la empresa noruega SN Power en Chile no cumple con los estándares vigentes en su propio país. Noruega también cuenta con un pueblo indígena en su territorio, los Sami, al cual le ha reconocido una serie de derechos colectivos, cumpliendo así con altos estándares de derechos de los Pueblos Indígenas. Noruega fue el primer país en firmar el Convenio 169 de la OIT en 1990, y votó a favor de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas el 13 de septiembre del 2007.
Por eso entre las comunidades mapuche afectadas por SN Power existe un fuerte cuestionamiento a la existencia de un doble estándar por parte del estado noruego, cuando se trata de proyectos de inversión que se realizan en el exterior. Ya que en Noruega las empresas actúan dentro de un marco respetando y promoviendo a su pueblo indígena, mientras que en el extranjero bajan su estándar al nivel de exigencias del estado en cuestión. Un país que valora los acuerdos internacionales tiene el deber moral de promover el respeto a los derechos de los pueblos indígenas en los países donde invierte.
P odemos firmar que están siendo vulnerados los derechos colectivos del pueblo mapuche, eso es, el derecho a la libre determinación, el derecho a definir su propio desarrollo, el derecho sobre el territorio, entendido como totalidad del habitat, a las tierras ancestrales, entre otros.
¿Cuáles son los principales derechos internacionalmente reconocidos a los Pueblos Indígenas que se ven afectados en este caso?
El problema de fondo en este caso concierne a los derechos de agua. El hecho de que la empresa haya comprado derechos de agua, en principio acto absolutamente legal en Chile, ante los ojos de las comunidades afectadas, es una clara vulneración a sus derechos ancestrales sobre sus recursos naturales. Derechos que, debemos destacar, son reconocidos en los estándares internacionales garantizados a los pueblos indígenas. Sin embargo en Chile, con la legislación y el Código de Aguas vigentes, herencia de la dictadura, y al no haber sido ratificado aún el Convenio 169, estos derechos ancestrales no se encuentran debidamente garantizados. Esta que es una falencia de la legislación chilena, no debiera ser utilizada por las empresas transnacionales para incumplir con exigencias y estándares internacionalmente establecidos. Más aún si la empresa voluntariamente ha suscrito el Pacto Global, que establece que los derechos humanos internacionalmente reconocidas deben ser respetados, y por tanto no deben ser cómplices de vulneraciones a estos derechos.
Las comunidades exigen la devolución de estos derechos de agua, ya que si SN Power en definitiva abandona el territorio, los derechos de agua volverían al mercado, y lo más probable es que lleguen a manos de otra empresa hidroeléctrica, lo que agravaría aún más la situación para la comunidad local. La devolución de los derechos de agua a las comunidades ancestrales es lo que corresponde y significaría un precedente en el sur de Chile.
Otro derecho principal vulnerado en este caso es el del "consentimiento libre, previo e informado" de las comunidades afectadas, el que debe ser resguardado antes de aprobar cualquier proyecto en territorio indígena, como lo establece la Declaración Universal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Por su parte, la Comisión Mundial de Represas establece en sus directrices que las comunidades indígenas afectadas deben dar su consentimiento y que se tiene que demostrar una "aceptación pública" de los proyectos para que éstos sean viables. Es decir, la opinión de la comunidad debe ser considerada, cosa que en el marco legal chileno tampoco respeta. Incluso en este caso concreto, SN Power se comprometió a hacer una consulta adecuada para establecer si su proyecto se realiza o no en dichos territorios.
¿Cómo evalúan la visita de representantes de las comunidades afectadas y cuáles fueron los principales logros alcanzados?
El principal logro de la visita a Noruega fue sin duda la conversación con SN Power y el acuerdo suscrito por el vicepresidente ejecutivo para Latinoamérica de la empresa, Nils Huesby, con los representantes de las comunidades afectadas. El simple hecho de que un ejecutivo empresarial se siente en una mesa redonda y escuche con preocupación lo que un dirigente de la comunidad afectada tenga que decirle, y que reconozca los errores cometidos por la empresa y su personal, es un acto simbólico muy importante. Más aun, cuando el ejecutivo firma un acuerdo donde establece que responderán a las exigencias de las comunidades y paraliza toda actividad en terreno, aceptando las condiciones de las comunidades para que se realice una reunión en su territorio con las principales autoridades de la empresa y todo su personal, a la manera tradicional mapuche, es un hecho histórico. Es como revertir los papeles: las comunidades ponen las condiciones y la empresa que quiere invertir en su territorio tiene que escucharlas.
Otro logro muy importante es que tanto SN Power, a través de Nils Huesby, como Norfund, a través de los tres representantes con quienes nos reunimos en sus oficinas en Oslo, aseguraran que no iban a realizar las obras si esto va en contra de la voluntad de las comunidades locales. Reiteraron que van a utilizar la razón, no la fuerza, y que en un máximo dos años se va a tomar una decisión definitiva. En este sentido, esta declaración es también un avance, ya que hasta este momento nunca nadie respondió de forma clara a la pregunta sobre ¿qué pasaría si las comunidades se oponen a la instalación de las centrales? Aunque no signifique ninguna garantía, igual es una señal clara de que la empresa no puede actuar como quiera, al ser una empresa con dueños estatales y con una sociedad civil noruega muy sensible a las vulneraciones de derechos humanos e indígenas, y que ejerce presión en esos casos.
Informaciones vinculadas:
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