Fueron analizadas en el seminario internacional “Desafíos de la Implementación en Chile del Convenio 169 OIT”, organizado por el Centro de Derechos Humanos UDP, el Consejo de Pueblos Atacameños, la Identidad Territorial Lafkenche, el Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos, el Observatorio Ciudadano, y UNESCO Santiago, con el objeto de conocer el sentido y alcance de sus disposiciones, y generar un diálogo con sectores interesados en los desafíos políticos y jurídicos que implica su implementación en Chile....
FUENTE: Centro de DDHH UDP
Santiago - A casi un mes de la entrada en vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que promueve garantías colectivas para los pueblos indígenas, la Facultad de Derecho fue el epicentro del seminario internacional “Desafíos de la Implementación en Chile del Convenio 169 OIT”, organizado por el Centro de Derechos Humanos UDP, el Consejo de Pueblos Atacameños, la Identidad Territorial Lafkenche, el Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos, el Observatorio Ciudadano, y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, UNESCO Santiago, con el objeto de conocer el contenido del Convenio 169, el sentido y alcance de sus disposiciones, y generar un diálogo con sectores interesados en los desafíos políticos y jurídicos que implica su implementación en Chile.
La inauguración del encuentro estuvo a cargo del rector de la UDP, Carlos Peña, quien señaló que uno de los temas más notorios de los tiempos que corren, es la magnífica diversidad cultural y étnica que los países son hoy día capaces de exhibir. Apoyado en estudios recientes, dijo que ciento ochenta y cuatro países poseen más de 600 grupos lingüísticos y en su conjunto más de cinco mil grupos étnicos, y que como resultado de este fenómeno, son pocos los países del mundo en que los ciudadanos hablan una misma lengua, reconocen su origen del mismo grupo étnico y poseen prácticas culturales uniformes: “la pluralidad parece ser la ley de la tierra”, dijo.
Como consecuencia del fenómeno del florecimiento de la diversidad y de la ilusión de la etnicidad en la política, recordó el rector, el gobierno de Chile decidió en el 2001 constituir una comisión plural y diversa, presidida por el ex presidente Patricio Aylwin, a la que encargó conocer las demandas de los pueblos indígenas y las razones que apoyaban esas demandas “no es posible restituir a los pueblos originarios todas aquellas tierras que fueron injustamente transferidas. Pero sí lo que es posible, dada la comisión del 2001, es llevar un plan que permitiese reparar por vía administrativa todos aquellos casos en que hubiera existido evidencia de fraude”. Asimismo, recordó las medidas que aconsejó el informe de la comisión: una política de reconocimiento destinada a abandonar la diferencia que caracterizó al Estado nacional, una política de justicia colectiva destinada a reparar los daños y una política de la memoria tendiente a corregir la visión positivista y evolutiva que durante tanto tiempo ayudó a modelar nuestros recuerdos.
”La importancia de estas recomendaciones no sólo deriva del tipo de acciones que el Convenio 169 sugiere, sino del tipo de acciones que el informe aconseja seguir a la hora de diseñar políticas públicas para los pueblos originarios”. Para terminar, el rector señaló que “después de lo que hemos aprendido durante todos estos años es que la democracia es la mejor forma de gobierno, porque es la única capaz de concebir reconocimiento a todos y depurar las heridas, a veces inevitables que dejó la historia”.
El contexto mundial
José Aylwin, director de la ONG Observatorio Ciudadano dijo que Chile es el estado número 20 en el mundo y 13 en América Latina en ratificar el Convenio 169 OIT. “No se pueden analizar los desafíos de su implementación sin hacer lo propio con el contexto en que se dio su ratificación, el cual estuvo marcado por un grupo que se niega a reconocer los derechos de los pueblos indígenas, en un contexto institucional que no sólo excluye la participación de los pueblos originarios en el Congreso, sino también a otros sectores de la ciudadanía, a causa del sistema electoral binominal”.
Los desafíos para el Estado y los pueblos indígenas no son menores, dijo. Advirtió que tanto el proyecto que se discute en el congreso de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, como la creación de un Ministerio Indígena, “no han sido sometidas a consulta con los pueblos indígenas”.
Del mismo modo, Ronny Leiva, psicólogo integrante del Grupo de Trabajo Mapuche sobre Derechos Colectivos, denunció la situación de militarización de la Araucanía, “donde los carabineros se comportan como guardias privados de los latifundistas y las empresas estatales”. Asimismo, planteó cuatro puntos centrales para comenzar el diálogo con el estado chileno: reconocimiento de las autoridades tradicionales mapuches, reconocimiento de los territorios ancestrales, libertad a los procesos políticos mapuches y no más megaproyectos en territorio mapuche.
Pablo Marambio, representante de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, indicó que “UNESCO reconoce la diversidad de las culturas en la educación, a través de la enseñanza del lenguaje y las costumbres, por tanto, la entrada en vigencia del Convenio 169, en conjunto con otros instrumentos jurídicos, sienta las bases de lo que debe ser una política de reconocimiento de nuestra identidad diversa e intercultural”.
Expertos Internacionales
Durante el encuentro, Víctor Abramowich, primer Vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, expuso sobre los derechos de los pueblos indígenas en el sistema interamericano de derechos. Raquel Irigoyen, abogada peruana, se refirió al balance de la aplicación del Convenio 169 de la OIT en Latinoamérica. “Uno de los grandes desafíos de los implementos indígenas es pasar de ser pueblos menores de edad a ser pueblos que tengan su propia determinación”, puntualizó.
Irigoyen hizo referencia a los cuatro instrumentos internacionales que han marcado el medio siglo de políticas indigenistas de la región: la convención sobre el instituto indigenista interamericano de 1940, convenio 107 de la OIT sobre las poblaciones indígenas y tribales en países independientes de 1957, el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y declaraciones de la ONU, 2007, sobre los derechos de los pueblos indígenas. En Chile, advirtió, hubo un retraso en relación con otros países en materia de aplicación de los instrumentos mencionados: “el desafío es que, a la hora de hacer consultas, los Estados tengan en cuenta los pueblos indígenas y no hagan políticas silenciosas”.
El Convenio 169 OIT
El 15 de septiembre de este año entró en plena vigencia en nuestro país, el Convenio 169 de la OIT tras casi dos décadas de tramitación legislativa. Éste instrumento internacional ha sido desde su creación, en 1989, el estándar mínimo para el ejercicio de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. La implementación de este tratado supone un desafío no sólo para el Estado de Chile y los Pueblos Indígenas, sino para la propia sociedad chilena. El Convenio 169 reconoce y establece en favor de los pueblos indígenas un complejo entramado de derechos, de carácter político como participación, consulta, autogestión y administración, territoriales, derechos a la tierra, reconocimiento de los “territorios” indígenas y derechos sobre los recursos naturales, culturales: reconocimiento del valor del derecho a la lengua, educación y sociales como la seguridad social y salud.
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© Mapuexpress - Informativo
FUENTE: Centro de DDHH UDP
Santiago - A casi un mes de la entrada en vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que promueve garantías colectivas para los pueblos indígenas, la Facultad de Derecho fue el epicentro del seminario internacional “Desafíos de la Implementación en Chile del Convenio 169 OIT”, organizado por el Centro de Derechos Humanos UDP, el Consejo de Pueblos Atacameños, la Identidad Territorial Lafkenche, el Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos, el Observatorio Ciudadano, y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, UNESCO Santiago, con el objeto de conocer el contenido del Convenio 169, el sentido y alcance de sus disposiciones, y generar un diálogo con sectores interesados en los desafíos políticos y jurídicos que implica su implementación en Chile.
La inauguración del encuentro estuvo a cargo del rector de la UDP, Carlos Peña, quien señaló que uno de los temas más notorios de los tiempos que corren, es la magnífica diversidad cultural y étnica que los países son hoy día capaces de exhibir. Apoyado en estudios recientes, dijo que ciento ochenta y cuatro países poseen más de 600 grupos lingüísticos y en su conjunto más de cinco mil grupos étnicos, y que como resultado de este fenómeno, son pocos los países del mundo en que los ciudadanos hablan una misma lengua, reconocen su origen del mismo grupo étnico y poseen prácticas culturales uniformes: “la pluralidad parece ser la ley de la tierra”, dijo.
Como consecuencia del fenómeno del florecimiento de la diversidad y de la ilusión de la etnicidad en la política, recordó el rector, el gobierno de Chile decidió en el 2001 constituir una comisión plural y diversa, presidida por el ex presidente Patricio Aylwin, a la que encargó conocer las demandas de los pueblos indígenas y las razones que apoyaban esas demandas “no es posible restituir a los pueblos originarios todas aquellas tierras que fueron injustamente transferidas. Pero sí lo que es posible, dada la comisión del 2001, es llevar un plan que permitiese reparar por vía administrativa todos aquellos casos en que hubiera existido evidencia de fraude”. Asimismo, recordó las medidas que aconsejó el informe de la comisión: una política de reconocimiento destinada a abandonar la diferencia que caracterizó al Estado nacional, una política de justicia colectiva destinada a reparar los daños y una política de la memoria tendiente a corregir la visión positivista y evolutiva que durante tanto tiempo ayudó a modelar nuestros recuerdos.
”La importancia de estas recomendaciones no sólo deriva del tipo de acciones que el Convenio 169 sugiere, sino del tipo de acciones que el informe aconseja seguir a la hora de diseñar políticas públicas para los pueblos originarios”. Para terminar, el rector señaló que “después de lo que hemos aprendido durante todos estos años es que la democracia es la mejor forma de gobierno, porque es la única capaz de concebir reconocimiento a todos y depurar las heridas, a veces inevitables que dejó la historia”.
El contexto mundial
José Aylwin, director de la ONG Observatorio Ciudadano dijo que Chile es el estado número 20 en el mundo y 13 en América Latina en ratificar el Convenio 169 OIT. “No se pueden analizar los desafíos de su implementación sin hacer lo propio con el contexto en que se dio su ratificación, el cual estuvo marcado por un grupo que se niega a reconocer los derechos de los pueblos indígenas, en un contexto institucional que no sólo excluye la participación de los pueblos originarios en el Congreso, sino también a otros sectores de la ciudadanía, a causa del sistema electoral binominal”.
Los desafíos para el Estado y los pueblos indígenas no son menores, dijo. Advirtió que tanto el proyecto que se discute en el congreso de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, como la creación de un Ministerio Indígena, “no han sido sometidas a consulta con los pueblos indígenas”.
Del mismo modo, Ronny Leiva, psicólogo integrante del Grupo de Trabajo Mapuche sobre Derechos Colectivos, denunció la situación de militarización de la Araucanía, “donde los carabineros se comportan como guardias privados de los latifundistas y las empresas estatales”. Asimismo, planteó cuatro puntos centrales para comenzar el diálogo con el estado chileno: reconocimiento de las autoridades tradicionales mapuches, reconocimiento de los territorios ancestrales, libertad a los procesos políticos mapuches y no más megaproyectos en territorio mapuche.
Pablo Marambio, representante de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, indicó que “UNESCO reconoce la diversidad de las culturas en la educación, a través de la enseñanza del lenguaje y las costumbres, por tanto, la entrada en vigencia del Convenio 169, en conjunto con otros instrumentos jurídicos, sienta las bases de lo que debe ser una política de reconocimiento de nuestra identidad diversa e intercultural”.
Expertos Internacionales
Durante el encuentro, Víctor Abramowich, primer Vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, expuso sobre los derechos de los pueblos indígenas en el sistema interamericano de derechos. Raquel Irigoyen, abogada peruana, se refirió al balance de la aplicación del Convenio 169 de la OIT en Latinoamérica. “Uno de los grandes desafíos de los implementos indígenas es pasar de ser pueblos menores de edad a ser pueblos que tengan su propia determinación”, puntualizó.
Irigoyen hizo referencia a los cuatro instrumentos internacionales que han marcado el medio siglo de políticas indigenistas de la región: la convención sobre el instituto indigenista interamericano de 1940, convenio 107 de la OIT sobre las poblaciones indígenas y tribales en países independientes de 1957, el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y declaraciones de la ONU, 2007, sobre los derechos de los pueblos indígenas. En Chile, advirtió, hubo un retraso en relación con otros países en materia de aplicación de los instrumentos mencionados: “el desafío es que, a la hora de hacer consultas, los Estados tengan en cuenta los pueblos indígenas y no hagan políticas silenciosas”.
El Convenio 169 OIT
El 15 de septiembre de este año entró en plena vigencia en nuestro país, el Convenio 169 de la OIT tras casi dos décadas de tramitación legislativa. Éste instrumento internacional ha sido desde su creación, en 1989, el estándar mínimo para el ejercicio de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. La implementación de este tratado supone un desafío no sólo para el Estado de Chile y los Pueblos Indígenas, sino para la propia sociedad chilena. El Convenio 169 reconoce y establece en favor de los pueblos indígenas un complejo entramado de derechos, de carácter político como participación, consulta, autogestión y administración, territoriales, derechos a la tierra, reconocimiento de los “territorios” indígenas y derechos sobre los recursos naturales, culturales: reconocimiento del valor del derecho a la lengua, educación y sociales como la seguridad social y salud.
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